Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso aprobaron el monto de $635 billones para el Presupuesto General de la Nación de 2027, propuesto por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Educación y salud aparecen como las áreas con mayores asignaciones dentro de la distribución institucional planteada. Para Santa Marta y el Magdalena, el verdadero desafío estará en lograr que una parte de esos recursos se traduzca en obras, servicios y oportunidades para la región.

Hay cifras tan grandes que cuesta imaginarlas. $635 billones de pesos es una de ellas.

Pero detrás de ese número están buena parte de las decisiones que marcarán la vida de Colombia durante 2027. Allí están los recursos destinados a la educación, la salud, el empleo, la seguridad, la infraestructura y los programas sociales que deberán llegar a millones de colombianos.

Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República aprobaron este lunes el monto propuesto por el Gobierno nacional para el Presupuesto General de la Nación de 2027, dando un paso fundamental en el trámite de la principal herramienta financiera con la que contará el Estado durante el próximo año.

La distribución propuesta permite conocer cuáles serían algunas de las grandes prioridades institucionales.

El Ministerio de Educación tendría la mayor asignación, con $78,77 billones, seguido por Salud, con $77,05 billones, y Trabajo, con $58,82 billones.

Son cifras que hablan de asuntos que están directamente relacionados con la vida cotidiana de los colombianos: la posibilidad de acceder a una educación de calidad, recibir atención médica oportuna y encontrar oportunidades dignas de empleo.

El Ministerio de Hacienda tendría $40,7 billones, mientras que Defensa recibiría $33,8 billones. La Policía Nacional contaría con $20,9 billones, una asignación especialmente relevante en un país donde la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. La infraestructura también ocupa un espacio importante. La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, tendría $10,7 billones, mientras que Prosperidad Social contaría con $8,2 billones para sus programas de atención social.

Pero las grandes cifras nacionales adquieren verdadero significado cuando se miran desde las regiones. Y ahí aparece Santa Marta.

Para una ciudad que vive una transformación acelerada y que tiene ante sí grandes desafíos de infraestructura, movilidad, agua, saneamiento, seguridad, educación, salud y competitividad turística, el presupuesto nacional no es un asunto lejano que se discute únicamente en Bogotá.

También es una oportunidad. Santa Marta necesita que los grandes recursos nacionales encuentren proyectos concretos en el territorio. Necesita que la inversión en infraestructura ayude a resolver problemas históricos de conectividad y movilidad; que los recursos para agua y saneamiento contribuyan a cerrar una de las brechas más sensibles de la ciudad; que la educación permita fortalecer las oportunidades de niños y jóvenes; y que la inversión en seguridad acompañe el crecimiento de una ciudad que recibe cada año a miles de visitantes.

También está el turismo. Santa Marta tiene una de las mayores riquezas naturales y culturales de Colombia. La Sierra Nevada, el Tayrona, sus playas, su patrimonio histórico y su condición de destino turístico internacional representan una enorme posibilidad económica. Pero para aprovecharla plenamente se requieren inversiones que mejoren la infraestructura, protejan el medio ambiente y permitan que el crecimiento turístico se traduzca también en bienestar para las comunidades.

El Magdalena, además, tiene una posición estratégica para Colombia. Su puerto, sus corredores logísticos, su potencial agroindustrial y turístico y su conexión con el Caribe convierten al departamento en un territorio que puede jugar un papel mucho más importante en la economía nacional.

Por eso, para Santa Marta y el Magdalena, la discusión sobre los $635 billones debería ir acompañada de una pregunta concreta: ¿cuánto de esa gran bolsa nacional llegará realmente a nuestro territorio y en qué se invertirá?

La respuesta dependerá no solamente del Gobierno nacional, sino también de la capacidad de las autoridades locales, congresistas, empresarios y dirigentes regionales para presentar proyectos sólidos, gestionar recursos y defender las prioridades del Caribe.

Porque los presupuestos nacionales no llegan solos a las regiones.

Hay que gestionarlos.

Hay que convertir las necesidades en proyectos, los proyectos en financiación y la financiación en obras.

En Santa Marta existen hoy grandes oportunidades, pero también problemas que llevan décadas esperando soluciones. El momento exige que la ciudad tenga una voz firme y una agenda clara frente al Gobierno nacional.

Los $635 billones aprobados son, por ahora, una cifra nacional. El verdadero desafío para Santa Marta será conseguir que una parte de ese número se convierta en algo que los ciudadanos puedan ver, tocar y disfrutar: una obra terminada, un hospital fortalecido, una escuela mejor equipada, una vía que funcione, un proyecto turístico sostenible, mayor seguridad o una oportunidad de empleo.

Porque al final, un presupuesto no se recuerda por los billones que aparecen escritos en un documento.

Se recuerda por las vidas que logró transformar. Y para Santa Marta, 2027 puede ser la oportunidad de demostrar que los grandes recursos de Colombia también pueden convertirse en grandes proyectos para el Caribe.