La medida de Estados Unidos incluye a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, detenidos por el escándalo de la UNGRD; y a otros dirigentes políticos. Washington enmarca la decisión en su política contra la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental.

Una nueva controversia sacude el panorama político colombiano tras la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de imponer restricciones de visa a siete políticos y exfuncionarios del país. Entre los señalados figuran nombres vinculados a investigaciones judiciales y episodios que han generado cuestionamientos sobre la transparencia en el ejercicio del poder.

La lista incluye a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes se encuentran en prisión por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); los políticos Julio Elías Chagüi y Liliana Bittar, y el exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa.

La decisión fue anunciada en el marco de la política estadounidense dirigida a combatir la corrupción y el narcotráfico en la región. Sin embargo, el Departamento de Estado no detalló las razones particulares que sustentan la medida en cada caso.

Ricardo Roa, bajo investigación de la Fiscalía

Uno de los nombres que más atención despierta es el de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Roa fue imputado por la Fiscalía el 11 de marzo por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público, dentro de una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y su posible conexión con contratos adjudicados por Ecopetrol.

Posteriormente, el 11 de mayo, la Fiscalía le imputó un segundo delito: presunta violación de los límites de gastos en campañas electorales. Este proceso está relacionado con posibles irregularidades en los informes financieros de la campaña presidencial de 2022, de la que fue gerente.

Estas imputaciones corresponden a procesos judiciales en curso y no equivalen, por sí mismas, a una condena.

El escándalo de la UNGRD, otro foco de atención

La inclusión de Wadith Manzur y Karen Manrique vuelve a poner el foco sobre el escándalo de la UNGRD, uno de los casos de presunta corrupción que más controversia ha generado en la política nacional.

Ambos permanecen privados de la libertad por este caso, que ha puesto bajo escrutinio las relaciones entre funcionarios, congresistas y decisiones relacionadas con la gestión de recursos públicos.

La lista también incluye a Julio Elías Chagüi, Liliana Bittar, Yahir Acuña y José Ignacio Mesa, cuyas situaciones deben examinarse individualmente, sin atribuirles responsabilidades penales que no hayan sido establecidas por las autoridades competentes.

Washington endurece su mensaje contra la corrupción

El Departamento de Estado señaló que su política busca restringir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que, mediante actos de corrupción o actividades de narcotráfico, socaven a los gobiernos elegidos democráticamente en el hemisferio, sin distinción de afiliación política.

Según la información suministrada, la decisión también se enmarca en compromisos adquiridos por sus socios durante la Cumbre de Doral, celebrada en marzo, y ratificados en la declaración de los líderes de Escudo de las Américas del 22 de septiembre, en la que fue incluida Colombia.

La medida tiene alcance migratorio y diplomático: la restricción de una visa no constituye por sí sola una condena penal ni demuestra que todos los afectados hayan cometido las mismas conductas.

Para Colombia, el anuncio abre un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia institucional, la cooperación internacional y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas.

La decisión de Washington pone nuevamente la lupa sobre figuras de distintos sectores de la política colombiana. Ahora, la atención estará en las razones específicas de cada caso y en el desarrollo de los procesos judiciales que correspondan.