Santa Marta amaneció con calles vacías, comercios cerrados y una ciudad que intenta recuperar la tranquilidad después de dos días marcados por la tensión y los hechos de orden público.

Santa Marta no merece vivir días turbulentos. No merece estar envuelta en el miedo y mucho menos bajo la amenaza de quienes pretenden imponer su voluntad sobre una ciudad que le pertenece a todos.

Este es un momento difícil que, con la acción coordinada del Gobierno Nacional, las autoridades locales, la Fuerza Pública y la ciudadanía, seguramente podrá superarse. Pero también es un momento para preguntarnos cómo llegamos hasta aquí y cuáles son las responsabilidades que deben asumir quienes han tenido en sus manos la conducción de la ciudad y del departamento.

Durante estas jornadas, comerciantes y ciudadanos han reclamado mayor presencia institucional y garantías para poder abrir sus negocios y desarrollar sus actividades con tranquilidad. La percepción de ausencia de la Policía en algunos sectores durante momentos críticos también genera preocupación entre quienes necesitan sentir que las calles cuentan con acompañamiento y protección.

Mientras desde las redes sociales se invita a los comerciantes a retomar sus actividades, también resulta necesario que las propias instituciones públicas den ejemplo de normalidad y funcionamiento. La seguridad no puede depender únicamente de mensajes en redes sociales: requiere presencia, coordinación, autoridad y respuestas concretas.

Santa Marta enfrenta un problema que no nació ayer. Durante años, diferentes administraciones y autoridades han tenido la responsabilidad de prevenir que estructuras criminales consoliden territorios, ejerzan presión sobre comunidades y comerciantes o conviertan el miedo en una herramienta de control. Las denuncias sobre extorsión y amenazas contra empresarios deben ser atendidas con toda la contundencia institucional y dentro de la ley.

Y hay algo que no podemos olvidar: Santa Marta vive, en buena medida, del turismo. Hoteles, restaurantes, comerciantes, operadores turísticos, taxistas, vendedores, trabajadores y miles de familias dependen de que la ciudad sea percibida como un destino seguro.

Cada negocio cerrado, cada turista que decide no venir y cada ciudadano que siente temor de salir a la calle afecta la economía de toda la ciudad.

Por eso, este no es momento para buscar culpables políticos ni para convertir la seguridad en una disputa de redes sociales. Es momento de actuar.

Santa Marta necesita recuperar sus calles, proteger a sus comerciantes, garantizar la movilidad de sus ciudadanos y devolverle confianza a quienes viven y trabajan aquí.

La ciudad puede superar este momento. Pero para lograrlo necesita algo más que discursos: presencia institucional, autoridad, inteligencia, prevención y una estrategia de seguridad sostenida en el tiempo.

Santa Marta merece vivir en paz. Y quienes tienen la responsabilidad de gobernarla y protegerla tienen también la obligación de garantizar que el miedo nunca termine convirtiéndose en la norma.