El Ministerio Público pidió al Consejo de Estado negar las demandas que buscan anular la elección de la gobernadora del Magdalena para el periodo 2024-2027. Su concepto se apoya en argumentos jurídicos relacionados con su renuncia a la Asamblea, la doble militancia y el aval electoral.

La elección de María Margarita Guerra Zúñiga como gobernadora del Magdalena sigue bajo revisión judicial, pero ahora cuenta con un concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó al Consejo de Estado negar las demandas de nulidad electoral presentadas en su contra.

A través de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, el Ministerio Público expuso los argumentos jurídicos por los cuales considera que no existen razones suficientes para invalidar su elección.

Uno de los puntos examinados fue su paso por la Asamblea Departamental. Según la Procuraduría, la renuncia de Guerra Zúñiga fue aceptada antes de su inscripción y posterior elección como gobernadora, por lo que no se habría configurado el ejercicio simultáneo de cargos ni la incompatibilidad alegada en las demandas.

Otro de los aspectos analizados fue la presunta doble militancia. Sobre este punto, la entidad señaló que Fuerza Ciudadana perdió su personería jurídica por decisión judicial, una circunstancia que, de acuerdo con su interpretación, permite aplicar la excepción contemplada en la Ley 1475 de 2011 para la inscripción por otra organización política.

La Procuraduría también consideró válido el aval otorgado por el Partido Ecologista Colombiano. En su concepto, las controversias relacionadas con procedimientos internos de los partidos y la participación de movimientos sin personería jurídica en la coalición no serían suficientes, por sí solas, para anular el acto electoral.

Una decisión que aún está en manos de la justicia

Para el Magdalena, la definición de este proceso tiene especial importancia. La estabilidad institucional y la confianza ciudadana requieren claridad sobre las decisiones que determinan quién tiene la responsabilidad de conducir los destinos del departamento.

Sin embargo, es importante precisar que el concepto de la Procuraduría no equivale a una sentencia definitiva. La decisión de mantener o anular la elección corresponde al Consejo de Estado, que deberá resolver las demandas conforme al análisis jurídico del caso.

Por ahora, el pronunciamiento del Ministerio Público representa una posición favorable a la elección de Margarita Guerra, mientras el departamento permanece atento a la decisión que adopte la justicia.