Una nueva iniciativa legislativa pone sobre la mesa un debate incómodo pero necesario sobre el financiamiento de la política en Colombia: eliminar la reposición de gastos de campaña para las consultas internas de partidos y movimientos políticos, una medida con la que se busca generar un ahorro superior a los $50.000 millones para las arcas del Estado.
Tradicionalmente, las consultas partidistas han sido presentadas como un mecanismo de participación democrática y base para la renovación de liderazgos. Sin embargo, en la práctica, el sistema de reposición de votos —el mecanismo mediante el cual el Estado les reembolsa a las organizaciones políticas el dinero invertido según los sufragios obtenidos— se ha convertido en una maquinaria de rentabilidad privada a costa del erario público.
El lucrativo negocio de las elecciones
Para nadie es un secreto que, elección tras elección, los partidos políticos y sus maquinarias han sabido sacarle provecho económico a la contienda electoral. Lejos de ser ejercicios meramente ideológicos, muchos de estos procesos se planean con calculadora en mano. Las colectividades y precandidatos movilizan recursos muchas veces sobrefacturados o apalancados con la certeza de que, si alcanzan el umbral o los votos requeridos, el Estado les devolverá cada peso invertido, e incluso más.
Este modelo de financiación genera incentivos perversos:
- El “préstamo” sin riesgo: Se utilizan las consultas internas no solo para medir fuerzas, sino como un trampolín financiero donde el riesgo lo asume el contribuyente y la ganancia (en recursos y visibilidad) se la quedan los caciques políticos.
- Empresas electorales: Partidos de garaje o figuras oportunistas han encontrado en las reposiciones una forma de capitalizarse, inscribiendo candidaturas testimoniales cuyo único objetivo real es pescar los votos necesarios para recibir el cheque de reposición estatal.
- Desigualdad en la cancha: Mientras los grandes partidos y las maquinarias tradicionales chupan los recursos públicos para blindar sus estructuras, las alternativas ciudadanas o independientes que no cuentan con millonarios respaldos previos quedan en absoluta desventaja.
¿Un alivio real o un saludo a la bandera?
La propuesta de suprimir este beneficio en las consultas interpartidistas e internas representa un paso hacia la austeridad y la transparencia, obligando a los partidos a autofinanciarse de manera genuina y a medir su verdadera fuerza con militancia real y no con incentivos monetarios.
No obstante, el verdadero desafío estará en si el Congreso —compuesto por los mismos partidos que se benefician de este modelo— tendrá la voluntad política de aprobar una reforma que les corta el chorro de financiación blanda. Si de verdad se quiere sanear la democracia colombiana, el debate no puede centrarse únicamente en raspar la olla de las consultas, sino en transformar de raíz un sistema donde hacer política se convirtió, para muchos, en el negocio más rentable de cada cuatrienio.
