El poder regional no puede seguir siendo un territorio sin controles. Los recursos públicos pertenecen a los ciudadanos, y quienes los administran deben responder por cada peso.
Colombia lleva demasiados años atrapada en una enfermedad que amenaza sus instituciones, frena su desarrollo y destruye la confianza de los ciudadanos: la corrupción. En distintas regiones del país, los recursos públicos han terminado bajo sospecha, mientras las comunidades siguen esperando escuelas dignas, carreteras en buen estado, hospitales eficientes y servicios básicos que deberían ser una garantía, no una promesa de campaña.
Alcaldías y gobernaciones administran presupuestos millonarios, pero ¿quién vigila realmente que cada peso llegue a su destino? La Procuraduría y la Contraloría tienen la responsabilidad de ejercer control disciplinario y fiscal, respectivamente. Sin embargo, cuando la vigilancia falla, llega tarde o no produce consecuencias efectivas, se abre la puerta para que los intereses particulares se impongan sobre el bienestar colectivo.
Las intervenciones públicas del presidente Abelardo De la Espriella frente a dirigentes regionales, entre ellos el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar , la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y la representante a la Cámara por el archipiélago, Elizabeth Jay-Pang Díaz, han puesto sobre la mesa una discusión necesaria: ¿quién controla a quienes manejan los recursos de las regiones? Los señalamientos y las denuncias deben investigarse con rigor, porque en una democracia nadie está por encima de la ley, pero tampoco nadie puede ser condenado sin pruebas ni debido proceso.
El problema va mucho más allá de un discurso presidencial. Una cosa es denunciar los abusos y anunciar controles; otra, muy distinta, es garantizar que las investigaciones avancen, que los responsables respondan y que los recursos recuperados regresen a las comunidades afectadas.
Porque la corrupción no termina cuando se descubre un contrato irregular. Tampoco desaparece con una declaración contundente. Se combate cuando existen investigaciones serias, sanciones efectivas y una justicia capaz de actuar sin privilegios. La impunidad, las demoras judiciales y los procesos que se prolongan durante años alimentan la percepción de que robar recursos públicos puede resultar menos costoso que administrarlos honestamente.
Y hay otra práctica que merece una mirada profunda: el intercambio de favores entre algunos sectores de la política local. Cuando la aprobación de proyectos, la asignación de cargos o el respaldo a determinadas decisiones se convierten en moneda de cambio, el interés general queda relegado. El presupuesto deja de ser una herramienta para resolver necesidades colectivas y se transforma en un instrumento para mantener alianzas y repartir beneficios.
El costo de estas prácticas lo pagan los ciudadanos. Lo paga el niño que estudia en una escuela deteriorada, la familia que espera agua potable, el campesino que no puede sacar sus productos por una carretera abandonada y el paciente que encuentra un sistema de salud sin los recursos necesarios. Cada peso desviado representa una oportunidad perdida para alguien que necesita la presencia del Estado.
La corrupción no es solamente un delito contra las finanzas públicas; es una forma de robarle oportunidades a toda una sociedad.
Por eso, Colombia necesita instituciones de control independientes, contratación transparente, veedurías ciudadanas activas y una justicia que actúe con oportunidad. Pero también necesita ciudadanos dispuestos a dejar de normalizar las malas prácticas, a exigir cuentas y a recordar que votar no significa entregar un cheque en blanco a quienes resultan elegidos.
Los alcaldes, gobernadores, diputados y concejales honestos merecen respeto. Quienes traicionan la confianza pública, en cambio, deben responder ante las autoridades. No se trata de perseguir adversarios políticos ni de convertir las denuncias en armas partidistas. Se trata de defender los recursos que pertenecen a todos.
La corrupción ha echado raíces durante décadas. Arrancarla exige mucho más que discursos: requiere voluntad política, controles efectivos, justicia independiente y una ciudadanía que no guarde silencio.
Porque el dinero público no es de los gobernantes, ni de los partidos, ni de los contratistas. Es de la gente. Y ya es hora de que Colombia lo haga valer.
Editorial BLUE
