La nueva conexión vial puede transformar la movilidad de un sector estratégico de Santa Marta. Pero los reparos de la Universidad del Magdalena ponen sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿están completamente definidos los impactos que tendrá la obra sobre el campus y sus terrenos?
Santa Marta necesita conectividad.
No es un asunto menor. Una ciudad que ha crecido hacia el sur y el occidente, que tiene cada vez más movimiento alrededor de la Troncal del Caribe y que ha convertido a la Universidad del Magdalena en uno de los principales polos educativos y urbanos de la ciudad, necesita nuevas alternativas para movilizarse.
En ese contexto aparece “Camino al Río”, una obra que contempla 750 metros de doble calzada y una inversión de $34.514 millones, con el propósito de conectar la Troncal del Caribe con la Avenida del Río.
Sobre el papel, es una intervención que puede tener un impacto significativo.
No se trata solamente de construir una nueva calle. La vía puede modificar los flujos de movilidad de un sector donde están Villa Universitaria, Villa del Mar, Villa Trinidad, Villa Marina, Piñón 1, Piñón 2 y El Trébol, además de la comunidad universitaria que diariamente entra y sale del campus.
También contempla infraestructura hidráulica mediante dos box culvert laterales de 850 metros cada uno. Es decir, estamos hablando de una obra que puede cambiar físicamente la relación de todo ese sector con el resto de Santa Marta. Y justamente por eso, la posición asumida por la Universidad del Magdalena merece ser analizada con cuidado.
La Universidad no está diciendo que no
Este es quizás el punto más importante de la discusión. En su comunicación al alcalde Carlos Pinedo, el rector Pablo Vera Salazar no plantea que la Universidad esté en contra de “Camino al Río”. Por el contrario, la institución reconoce la importancia de mejorar la movilidad y la conectividad del sector.
Su preocupación está en cómo se va a ejecutar la obra y qué consecuencias concretas tendrá sobre la Universidad. Y aquí existe una diferencia sustancial. Una cosa es oponerse a una carretera.
Otra es decir: estamos de acuerdo con la carretera, pero necesitamos saber exactamente qué va a pasar con nuestros terrenos, nuestros accesos, nuestros estudiantes, nuestra infraestructura y nuestro patrimonio.
Ese es el centro de la posición de Unimagdalena.
La Universidad afirma que desde comienzos de 2025 ha participado en reuniones y mesas de trabajo con el Distrito y EDUS. Sin embargo, sostiene que después de aproximadamente año y medio todavía existen asuntos que no han quedado definidos.
Entre ellos, uno especialmente sensible: qué parte de sus terrenos sería afectada por el proyecto.
La institución plantea que no conoce formalmente el área exacta comprometida, el mecanismo para gestionar esos predios, su valoración ni las compensaciones correspondientes.
Y si efectivamente la construcción requiere terrenos universitarios, la discusión deja de ser solamente vial. Pasa a ser también jurídica, patrimonial e institucional.
Una universidad no es simplemente otro vecino
Aquí está quizás la particularidad que diferencia este proyecto de cualquier otra obra vial. La vía no pasa simplemente cerca de un conjunto residencial.
Tiene una relación directa con una universidad pública que representa uno de los principales centros educativos, científicos y de formación profesional del Magdalena.
Miles de personas tienen relación cotidiana con ese campus.
Por eso, cualquier modificación de sus accesos debe analizarse desde varias perspectivas: movilidad vehicular, peatones, bicicletas, transporte público, seguridad, ingreso de proveedores, emergencias y funcionamiento cotidiano de la institución.
La pregunta entonces no es únicamente cuánto costará la carretera. Es también cómo convivirá la carretera con la Universidad. Y esa respuesta tiene que estar suficientemente clara antes de que la transformación física del territorio sea irreversible.
El punto donde las dos posiciones deberían encontrarse
Aquí no debería existir una guerra entre la Alcaldía y la Universidad. De hecho, ambas tienen intereses que pueden coincidir. La Alcaldía necesita resolver problemas de movilidad y desarrollar infraestructura.
La Universidad necesita garantizar que cualquier intervención sobre sus terrenos y accesos respete su patrimonio, su autonomía institucional y la seguridad de su comunidad.
Las dos cosas pueden coexistir.
El problema aparece cuando el anuncio público de una obra parece avanzar más rápido que la resolución de las inquietudes de una institución directamente involucrada. Por eso, más que preguntarnos quién tiene la razón, la discusión importante es otra:
¿qué falta por resolver para que el proyecto pueda avanzar con plena seguridad jurídica, técnica y operacional?
Esa debería ser la conversación.
Una obra que puede cambiar el mapa de movilidad
También sería un error reducir “Camino al Río” a la controversia que hoy lo rodea. La obra tiene una dimensión urbana que merece atención.
Conectar la Troncal del Caribe con la Avenida del Río significa crear una nueva alternativa de circulación en un sector que ha ganado importancia por su crecimiento residencial, educativo y comercial.
Si está bien diseñada y articulada con las vías existentes, podría distribuir mejor algunos flujos vehiculares y facilitar los desplazamientos de quienes viven o trabajan en esta zona.
También puede generar una transformación alrededor de la Universidad y de los barrios vecinos.
Pero justamente por eso, una obra de esta naturaleza no debería analizarse únicamente desde el punto de vista de los 750 metros que se van a construir. Hay que mirar qué ciudad quedará alrededor de esos 750 metros.
El verdadero desafío
Santa Marta necesita dejar atrás la idea de que toda discusión sobre una obra pública es una pelea entre quienes quieren desarrollo y quienes supuestamente lo frenan.
La realidad suele ser mucho más compleja.
Una obra puede ser necesaria y, al mismo tiempo, tener aspectos que deben corregirse. Una institución puede respaldar el proyecto y, al mismo tiempo, defender legítimamente sus terrenos.
Una administración puede tener la voluntad de ejecutar una infraestructura y, al mismo tiempo, necesitar resolver asuntos técnicos y jurídicos antes de avanzar.Eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo con “Camino al Río”. Por eso, la carta del rector Pablo Vera no debería interpretarse automáticamente como un obstáculo para la obra.
Debería leerse como una solicitud para cerrar las preguntas que todavía están abiertas.
Y la respuesta tampoco debería ser detener el desarrollo de Santa Marta. Debería ser sentarse, revisar los estudios, definir los predios, establecer las compensaciones que correspondan, garantizar los accesos y resolver los aspectos de movilidad, seguridad e infraestructura que plantea la Universidad.
Santa Marta necesita la vía. Y necesita hacerla bien.
“Camino al Río” puede convertirse en una pieza importante de la movilidad futura de Santa Marta. Los $34.514 millones anunciados, la conexión con dos corredores importantes y el impacto sobre varios barrios muestran que no estamos frente a una obra menor.
Precisamente por eso, merece un nivel de discusión superior al de una inauguración.
La ciudad necesita saber qué se va a construir, pero también necesita saber cómo se va a integrar esa vía con la Universidad del Magdalena y con todo el sector que la rodea.
El desarrollo urbano no consiste solamente en abrir nuevas carreteras. Consiste en lograr que esas carreteras funcionen dentro de una ciudad que ya existe y que seguirá creciendo.La Universidad del Magdalena tiene una posición clara: no se opone al proyecto, pero pide resolver primero los asuntos que comprometen sus terrenos, accesos, infraestructura y comunidad.
La Administración Distrital, por su parte, tiene ante sí el reto de demostrar que esos aspectos pueden resolverse sin sacrificar el propósito de una obra que Santa Marta necesita. Ahí está el verdadero desafío.
No escoger entre la vía o la Universidad.
Hacer que la vía y la Universidad puedan convivir en la Santa Marta que viene.
