El ultimátum del Ejecutivo contra la contratación heredada pone los reflectores sobre el costoso intercambiador vial en Santa Marta. Entre fondos mixtos, convenios exprés y nombres de peso pesado, la Fiscalía sigue la pista de un ajedrez donde convergen la política regional y multimillonarios recursos públicos.
Por Jose Rey
El anuncio retumbó el pasado sábado en el ambiente cálido de Barranquilla. Cuando el presidente Abelardo De La Espriella ordenó auditar de pies a cabeza la contratación estatal heredada de la administración saliente, no solo lanzó una advertencia política: encendió las alarmas en el Caribe sobre una serie de obras emblemáticas que hoy están bajo la mirada implacable de los organismos de control.
Entre todos los expedientes, hay uno en el Magdalena que acapara miradas y levanta sospechas entre los habitantes de la región: el intercambiador vial La Piragua. La obra, llamada a descongestionar el tráfico samario, se ha convertido en el centro de un intrincado engranaje diseñado para esquivar la rigurosidad de la Ley 80 y canalizar partidas millonarias provenientes del Sistema General de Regalías.
El mecanismo de la delegación
Para entender la lupa puesta sobre La Piragua, hay que mirar tras bambalinas. La obra, iniciada el 6 de octubre de 2025 y que a la fecha apenas registra un 18 % de avance, no fue licitada directamente por la Gobernación. En su lugar, el proyecto se delegó al Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada, una entidad sumida en duros cuestionamientos e investigaciones penales por el presunto desvío de fondos públicos.
A través del esquema de “invitación privada larga”, el Fondo Mixto adjudicó la construcción por un valor exacto de $44.268.828.910 pesos. La jugada quedó sellada el 8 de septiembre de 2025 mediante la Resolución 106, firmada por Andrés Felipe Cleves Daza como representante del Fondo. Tres días después, Cleves Daza y el empresario fundanense Jorge Luis Machado Cantillo —en representación del Consorcio Conexión Piragua— formalizaron el Contrato 298-2025.
El plan contempla que la estructura sea entregada a finales de 2027, pero el calendario contractual se cruza hoy de forma incómoda con el calendario judicial.
El maratónico baile de fechas
El núcleo de la investigación gubernamental y penal radica en la cronología. Los investigadores de la Fiscalía analizan cómo la Gobernación del Magdalena blindó una serie de decretos para transferir recursos de regalías al Fondo Mixto Sierra Nevada por una bolsa global que alcanza los $351.000 millones de pesos, repartidos en al menos nueve proyectos municipales.
El ajedrez político aceleró sus fichas a mitad de 2025:
- El amarre: Rafael Alejandro Martínez dejó el cargo de gobernador el 30 de julio de 2025 tras la confirmación de la nulidad de su elección por parte del Consejo de Estado, no sin antes dejar trazado el convenio marco.
- El trámite: En su reemplazo asumió Ingris Padilla como gobernadora encargada por el gobierno Petro. Tan solo un mes después de haber tomado posesión, Padilla dio luz verde al trámite definitivo.
- La firma: Para cuando la ciudadanía acudió a las urnas en las elecciones atípicas del 23 de noviembre de 2025, el contrato ya estaba firmado y amarrado legalmente.
- El silencio: Aunque la gobernadora electa María Margarita Guerra asumió las riendas del departamento el 26 de noviembre de 2025, la administración entrante no formuló objeciones ni detuvo la ejecución del contrato, una omisión que, según fuentes judiciales, podría acarrearle responsabilidades administrativas y legales.
¿Favores cruzados?
Más allá de los balances financieros y el hormigón, la Fiscalía indaga si detrás de los $44.000 millones de La Piragua se esconde una transacción de conveniencia política. Las hipótesis de las autoridades apuntan a verificar si la adjudicación sirvió como moneda de cambio para saldar compromisos de campaña con sectores del exsenador Eduardo Pulgar y con la cúpula del movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por Martínez y Carlos Caicedo.
Mientras las autoridades cotejan fechas, firmas y transferencias, La Piragua permanece a medio construir. La obra, pensada para agilizar el tránsito, hoy se perfila como un monumento a las dinámicas del poder regional, donde el dinero de las regalías y la política de bastidores caminan exactamente por la misma vía.
