Un debate en el Concejo Distrital puso bajo la lupa las motocicletas que circulan con placas ocultas, suprimidas o adulteradas. La Policía reportó 53 capturas por falsedad marcaria, seis por falsedad material en documento público y 71 motocicletas vinculadas a los procedimientos.
En Santa Marta, una placa que no se puede leer plantea una pregunta que va más allá de una infracción de tránsito: ¿quién responde cuando una motocicleta circula sin que sea posible identificarla con claridad?
La inquietud llegó al Concejo Distrital, donde se debatieron los controles frente a las motocicletas que transitan con placas ocultas, suprimidas o adulteradas, una práctica que puede dificultar la identificación de los vehículos y complicar las investigaciones cuando están relacionados con hechos delictivos.
El debate fue promovido por el concejal Luis Francisco Frías Suárez, mediante la proposición 255 de 2026, con el propósito de conocer las acciones de la Policía y establecer qué medidas se están aplicando para enfrentar esta problemática.
La preocupación no es menor. La identificación de una motocicleta constituye una herramienta fundamental para las autoridades, especialmente en una ciudad donde la seguridad ciudadana exige controles efectivos y capacidad de reacción frente a las conductas delictivas.
Las cifras que presentó la Policía
Durante la sesión, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Fabio Sierra Sierra, presentó un balance de los procedimientos adelantados por la institución.
De acuerdo con la información expuesta, las autoridades han realizado:
- 53 capturas por falsedad marcaria.
- 6 capturas por falsedad material en documento público.
- 71 motocicletas vinculadas a los procedimientos.
- 22 motocicletas con sistemas de identificación adulterados o inconsistencias en sus características.
El oficial asistió en representación del comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, quien asumió recientemente el mando de la institución.
Las cifras expuestas durante el debate permiten dimensionar la actividad operativa relacionada con estas conductas. Sin embargo, también dejan sobre la mesa la importancia de conocer cómo se desarrollan los controles en las calles y qué estrategias se están implementando para prevenir que estas prácticas continúen.
Identificar una moto también es proteger a la ciudadanía
Las placas permiten reconocer un vehículo y relacionarlo con sus registros oficiales. Cuando se ocultan, se suprimen o se alteran sus elementos de identificación, se dificulta la labor de las autoridades y se abren obstáculos para establecer responsabilidades en caso de accidentes o investigaciones judiciales.
Por eso, la discusión en el Concejo no se limita al cumplimiento de las normas de tránsito. También involucra la seguridad de los ciudadanos y la capacidad institucional para identificar vehículos que puedan estar relacionados con actividades ilegales.
El desafío consiste en fortalecer los controles sin convertir una práctica irregular de algunos conductores en un señalamiento general contra quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte o herramienta de trabajo.
El reto: pasar de las cifras a la prevención
El balance presentado por la Policía ofrece un punto de partida para evaluar la respuesta institucional. Pero la efectividad de los controles también deberá medirse por su capacidad para detectar irregularidades, prevenir nuevas conductas y garantizar que los vehículos circulen con sus elementos de identificación en regla.
La ciudadanía necesita saber que las normas se aplican, que las irregularidades se investigan y que existen mecanismos para actuar frente a quienes intentan evadir los controles.
En Santa Marta, donde miles de personas utilizan motocicletas para movilizarse diariamente, la identificación correcta de estos vehículos es una responsabilidad que compromete tanto a los conductores como a las autoridades.
Una placa visible no resuelve por sí sola los problemas de seguridad, pero una identificación adulterada puede convertirse en un obstáculo para la justicia. El reto está en fortalecer los controles, prevenir las irregularidades y garantizar que la movilidad también sea un espacio de responsabilidad y tranquilidad para todos.
