La solicitud fue presentada ante el Consejo de Estado por un veedor ciudadano, tras las revelaciones de Eva Ferrer en una entrevista , publicada por la revista SEMANA.
El senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf enfrenta una solicitud de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, luego de las declaraciones de Eva Ferrer que generaron controversia política y fueron divulgadas por la revista SEMANA en una entrevista con la periodista Vicky Dávila.
La petición fue radicada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-CONTROL), quien solicita que se examine una posible configuración de la causal de tráfico de influencias, contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política.
Las revelaciones que llegaron al terreno judicial
Las declaraciones de Eva Ferrer sobre personas del entorno político del Gobierno nacional motivaron al veedor ciudadano a acudir al alto tribunal para solicitar que se evalúen los hechos y su posible alcance jurídico.
La iniciativa abre un nuevo capítulo de controversia alrededor del senador Escaf y pone en manos del Consejo de Estado la evaluación de los argumentos y las pruebas que puedan sustentar la solicitud.
No obstante, la presentación de una demanda no significa que la conducta señalada esté probada ni que el congresista haya sido declarado responsable. La eventual pérdida de investidura depende de que se acrediten los requisitos legales y constitucionales correspondientes.
El Consejo de Estado tendrá la última palabra
Ahora corresponde establecer el trámite que seguirá la solicitud y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el análisis judicial.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el alcance de los mecanismos de control sobre los congresistas y las consecuencias que pueden derivarse de conductas que comprometan el ejercicio de sus funciones.
Mientras se conocen decisiones oficiales, las declaraciones que dieron origen a la controversia deberán contrastarse con las pruebas y los elementos jurídicos que se incorporen al proceso.Demandan la pérdida de investidura de Agmeth Escaf por presunto tráfico de influencias
La solicitud fue presentada ante el Consejo de Estado por un veedor ciudadano, tras las revelaciones de Eva Ferrer en una entrevista con Vicky Dávila, publicada por SEMANA.
El senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf enfrenta una solicitud de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, luego de las declaraciones de Eva Ferrer que generaron controversia política y fueron divulgadas por la revista SEMANA en una entrevista con la periodista Vicky Dávila.
La petición fue radicada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-CONTROL), quien solicita que se examine una posible configuración de la causal de tráfico de influencias, contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política.
Las revelaciones que llegaron al terreno judicial
Las declaraciones de Eva Ferrer sobre personas del entorno político del Gobierno nacional motivaron al veedor ciudadano a acudir al alto tribunal para solicitar que se evalúen los hechos y su posible alcance jurídico.
La iniciativa abre un nuevo capítulo de controversia alrededor del senador Escaf y pone en manos del Consejo de Estado la evaluación de los argumentos y las pruebas que puedan sustentar la solicitud.
No obstante, la presentación de una demanda no significa que la conducta señalada esté probada ni que el congresista haya sido declarado responsable. La eventual pérdida de investidura depende de que se acrediten los requisitos legales y constitucionales correspondientes.
El Consejo de Estado tendrá la última palabra
Ahora corresponde establecer el trámite que seguirá la solicitud y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el análisis judicial.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el alcance de los mecanismos de control sobre los congresistas y las consecuencias que pueden derivarse de conductas que comprometan el ejercicio de sus funciones.
Mientras se conocen decisiones oficiales, las declaraciones que dieron origen a la controversia deberán contrastarse con las pruebas y los elementos jurídicos que se incorporen al proceso.Demandan la pérdida de investidura de Agmeth Escaf por presunto tráfico de influencias
La solicitud fue presentada ante el Consejo de Estado por un veedor ciudadano, tras las revelaciones de Eva Ferrer en una entrevista con Vicky Dávila, publicada por la revista SEMANA.
El senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf enfrenta una solicitud de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, luego de las declaraciones de Eva Ferrer que generaron controversia política y fueron divulgadas por la revista SEMANA en una entrevista con la periodista Vicky Dávila.
La petición fue radicada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-CONTROL), quien solicita que se examine una posible configuración de la causal de tráfico de influencias, contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política.
Las revelaciones que llegaron al terreno judicial
Las declaraciones de Eva Ferrer sobre personas del entorno político del Gobierno nacional motivaron al veedor ciudadano a acudir al alto tribunal para solicitar que se evalúen los hechos y su posible alcance jurídico.
La iniciativa abre un nuevo capítulo de controversia alrededor del senador Escaf y pone en manos del Consejo de Estado la evaluación de los argumentos y las pruebas que puedan sustentar la solicitud.
No obstante, la presentación de una demanda no significa que la conducta señalada esté probada ni que el congresista haya sido declarado responsable. La eventual pérdida de investidura depende de que se acrediten los requisitos legales y constitucionales correspondientes.
El Consejo de Estado tendrá la última palabra
Ahora corresponde establecer el trámite que seguirá la solicitud y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el análisis judicial.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el alcance de los mecanismos de control sobre los congresistas y las consecuencias que pueden derivarse de conductas que comprometan el ejercicio de sus funciones.
Mientras se conocen decisiones oficiales, las declaraciones que dieron origen a la controversia deberán contrastarse con las pruebas y los elementos jurídicos que se incorporen al proceso.Demandan la pérdida de investidura de Agmeth Escaf por presunto tráfico de influencias
La solicitud fue presentada ante el Consejo de Estado por un veedor ciudadano, tras las revelaciones de Eva Ferrer en una entrevista con Vicky Dávila, publicada por SEMANA.
El senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf enfrenta una solicitud de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, luego de las declaraciones de Eva Ferrer que generaron controversia política y fueron divulgadas por la revista SEMANA en una entrevista con la periodista Vicky Dávila.
La petición fue radicada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-CONTROL), quien solicita que se examine una posible configuración de la causal de tráfico de influencias, contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política.
Las revelaciones que llegaron al terreno judicial
Las declaraciones de Eva Ferrer sobre personas del entorno político del Gobierno nacional motivaron al veedor ciudadano a acudir al alto tribunal para solicitar que se evalúen los hechos y su posible alcance jurídico.
La iniciativa abre un nuevo capítulo de controversia alrededor del senador Escaf y pone en manos del Consejo de Estado la evaluación de los argumentos y las pruebas que puedan sustentar la solicitud.
No obstante, la presentación de una demanda no significa que la conducta señalada esté probada ni que el congresista haya sido declarado responsable. La eventual pérdida de investidura depende de que se acrediten los requisitos legales y constitucionales correspondientes.
El Consejo de Estado tendrá la última palabra
Ahora corresponde establecer el trámite que seguirá la solicitud y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el análisis judicial.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el alcance de los mecanismos de control sobre los congresistas y las consecuencias que pueden derivarse de conductas que comprometan el ejercicio de sus funciones.
Mientras se conocen decisiones oficiales, las declaraciones que dieron origen a la controversia deberán contrastarse con las pruebas y los elementos jurídicos que se incorporen al proceso.
