El proyecto que alguna vez fue presentado como una apuesta por recuperar espacios para la ciudad hoy ocupa un lugar muy distinto: el centro de un proceso judicial. La Fiscalía pidió al juez un fallo condenatorio contra el exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por presuntas irregularidades en la contratación de obras para parques y escenarios deportivos.

Hay obras que permanecen en la memoria de una ciudad por lo que transformaron. Otras, por las preguntas que dejaron abiertas.

En el caso de los parques de Santa Marta, esas preguntas llegaron ahora a los tribunales.

Durante la audiencia ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará un sentido de fallo condenatorio contra Caicedo, a quien señala de haber desconocido requisitos esenciales de la contratación estatal durante actuaciones adelantadas en 2015.

El proceso gira alrededor de varios contratos relacionados con la recuperación, adecuación y construcción de parques y escenarios deportivos de la capital del Magdalena.

De cinco parques a 16

Uno de los principales puntos expuestos por la Fiscalía está relacionado con la licitación pública 011 de 2014.

El proyecto inicialmente contemplaba la intervención de cinco parques, con un presupuesto cercano a los $6.000 millones. Posteriormente, según la Fiscalía, el alcance habría sido ampliado hasta 16 parques y el valor habría superado los $19.000 millones.

Para el ente acusador, esa modificación es uno de los aspectos centrales del proceso, pues sostiene que la ampliación se habría realizado sin nuevos estudios técnicos que justificaran suficientemente tanto el aumento de las obras como del presupuesto.

La Fiscalía también cuestionó el contrato 390 de 2015. Según su exposición, este habría sido suscrito sin contar con determinados estudios de geotecnia, planos y análisis de costos que, desde su perspectiva, eran necesarios para respaldar las obras.

A esto se suma el contrato 413 de 2015, relacionado con la intervención de otros 15 parques. En este caso, el ente acusador señaló presuntas deficiencias en los análisis estructurales y en la verificación de la experiencia exigida al contratista.

También fueron cuestionadas algunas adiciones destinadas a dotaciones urbanas, frente a las cuales la Fiscalía considera que no existían estudios de viabilidad suficientes.

Lo que sostiene la Fiscalía

La tesis del ente acusador es que estas actuaciones habrían desconocido principios fundamentales de la contratación pública, particularmente los de planeación y responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993.

La Fiscalía atribuye a Caicedo la conducta a título de dolo y en calidad de autor, y solicita que sea declarado responsable por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, contemplado en el artículo 410 del Código Penal, bajo la modalidad de concurso homogéneo sucesivo.

“La agencia fiscal se dispone desde ya a solicitar la imposición de sentencia de carácter condenatorio”, manifestó el fiscal durante la audiencia.

Pero hay una precisión fundamental: la Fiscalía está presentando su tesis dentro del proceso, no anunciando una condena.

La última palabra la tiene el juez.

Una historia que todavía no termina

Los parques fueron durante años una de las banderas de la transformación urbana de Santa Marta. Espacios para el deporte, para los niños, para las familias y para una ciudad que buscaba recuperar lugares de encuentro.

Ahora, más de una década después de aquellos contratos, parte de esa historia se encuentra bajo revisión judicial.

La decisión que viene no deberá responder solamente a cuánto se contrató o cuántos parques fueron intervenidos. Tendrá que establecer, a partir de las pruebas y los argumentos presentados durante el juicio, si las actuaciones cuestionadas constituyeron realmente una violación de las normas de contratación estatal y si existe responsabilidad penal de quien entonces estaba al frente de la administración distrital.

Por ahora, no existe una sentencia condenatoria en este proceso.

Existe una solicitud de la Fiscalía.

Y será la justicia, no la política ni las controversias que durante años han acompañado a Caicedo, la que tendrá que determinar qué ocurrió realmente con aquellos contratos y cuál es la responsabilidad que corresponde.