Lo que comenzó como una denuncia de campaña terminó convertido en un asunto de política internacional. Dos nombres ya quedaron fuera del mapa de visas de Estados Unidos y otros 28 permanecen en una lista que vuelve a poner los reflectores sobre figuras cercanas al petrismo y dirigentes de distintas regiones del país.

Antes de llegar a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella hizo pública una particular solicitud a Washington. En medio de sus denuncias sobre una presunta estructura de compra de votos, el entonces candidato pidió al Gobierno de Estados Unidos revisar la situación migratoria de varias personas que, según sus señalamientos, debían estar bajo observación.

“Le dejo aquí, subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar”, dijo en junio al subsecretario de Estado Christopher Landau, conocido por su política de revocación de visas.

Lo que entonces parecía un episodio más de la campaña presidencial tomó otra dimensión semanas después.

Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, dos nombres que ya habían aparecido en aquella lista. La decisión abrió una pregunta que ahora recorre los círculos políticos: ¿quiénes son los demás colombianos que quedaron en el radar de Washington?

La relación, según el listado divulgado en ese momento por De la Espriella, está integrada por 30 nombres.

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Del Magdalena a la Costa

Para Santa Marta y el Magdalena, la lista tiene una particular relevancia.

Allí aparecen Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta; su hermana Patricia Caicedo, senadora del Pacto Histórico; Felipe Hernández, representante a la Cámara por el Magdalena y antiguo integrante de la administración departamental de Caicedo; y Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del departamento.

El listado también incluye al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, uno de los dirigentes políticos que mantuvo cercanía con el proyecto político del petrismo.

Entre los nombres de la Costa Caribe aparecen igualmente Antonio Correa, senador del Partido de la U; Fernando Niño, representante a la Cámara por Bolívar; Iván Vargas, dirigente político del Atlántico; y Andrea Vargas, representante a la Cámara electa por ese departamento.

La relación se extiende hacia Sucre, Córdoba y Cesar, con nombres como Mario Fernández Alcocer, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero y Johana Osorio.

También aparecen figuras que han tenido un recorrido político más amplio, como el exsenador Eduardo Pulgar, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos relacionados con corrupción, y el senador Agmeth Escaf.

Nombres con historias distintas

La lista no reúne únicamente dirigentes vinculados al Gobierno Petro.

Entre ellos aparece Juan Carlos Muñiz, quien estuvo al frente de Findeter hasta 2025 y posteriormente fue denunciado ante la Procuraduría por hechos relacionados con una presunta omisión en la declaración de conflictos de interés y un supuesto tráfico de influencias. Se trata de señalamientos que deberán ser valorados por las autoridades correspondientes.

También figuran Pedro Flórez, senador del Pacto Histórico; Musa Besaile, exsenador cordobés condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos relacionados con corrupción; y Luis Fernando Lobo, diputado de Córdoba.

A la relación se suman integrantes del denominado clan de los hermanos Calle, además de Martha Peralta y Euclides Torres.

En total, son nombres provenientes de distintas regiones, partidos y trayectorias políticas, aunque varios han tenido algún tipo de cercanía o coincidencia política con el universo del petrismo.

Una lista que tomó otro significado

La discusión alrededor de estos nombres ocurre ahora en un escenario completamente diferente al de aquel junio electoral.

De la Espriella ya no habla como candidato. Hoy ocupa la Presidencia de Colombia y la relación con Washington atraviesa una etapa de mayor interlocución.

Al mismo tiempo, la administración de Donald Trump ha endurecido el uso de las restricciones migratorias y las revocatorias de visas frente a personas que Estados Unidos considera vinculadas con corrupción, narcotráfico u otras conductas que, según Washington, afectan sus intereses y la estabilidad democrática de la región.

En ese contexto aparece el denominado “Escudo de las Américas”, mecanismo dentro del cual se han anunciado acciones frente a personas de distintos países de la región.

Pero hay una diferencia importante: aparecer en una lista no significa, por sí mismo, que una persona haya perdido su visa ni que Estados Unidos haya determinado que cometió un delito. Hasta ahora, la revocación públicamente conocida en este grupo alcanza a Martha Peralta y Euclides Torres.

Los otros nombres permanecen, al menos según el listado divulgado durante la campaña, como parte de aquella solicitud de revisión.

Y ahí está quizás lo más interesante de esta historia: una lista que nació como una herramienta política durante una campaña presidencial ahora aparece bajo la mirada de una potencia extranjera.

Para los 30 nombres incluidos, el escenario es muy distinto. Para Colombia, también.

Porque cuando una controversia política cruza las fronteras y llega hasta Washington, deja de ser solamente un capítulo de la política nacional.