La discusión sobre las desalinizadoras volvió a poner sobre la mesa una pregunta que Santa Marta ya no puede aplazar: ¿cuál es la solución que realmente permitirá garantizar agua potable, de manera permanente y a un costo razonable, para toda la ciudad?

El debate tomó fuerza este viernes después de las declaraciones del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien, al término de la Cumbre por las Regiones en Santa Marta, anunció que el proyecto de las plantas desalinizadoras será replanteado.

La afirmación abrió nuevamente una discusión que va mucho más allá de la ubicación de una infraestructura. En el fondo está el futuro del sistema de abastecimiento de una ciudad que lleva décadas buscando una solución definitiva a su déficit de agua.

Y aquí aparece una consideración fundamental: desalinizar agua de mar es técnicamente posible, pero que sea posible no significa necesariamente que sea la alternativa más conveniente para resolver el problema integral de Santa Marta.

Una solución que requiere mucho más que construir una planta

Una planta desalinizadora necesita captar agua del mar, someterla a procesos de tratamiento, utilizar grandes cantidades de energía, disponer adecuadamente de la salmuera resultante y, posteriormente, transportar el agua hasta los puntos donde será consumida.

En una ciudad con una geografía como la de Santa Marta, ese último componente resulta especialmente importante.

Producir agua en la costa no significa que automáticamente llegue a los barrios que más la necesitan. El agua debe entrar al sistema de acueducto y contar con redes, estaciones de bombeo, almacenamiento y capacidad de distribución suficientes.

Es decir, una desalinizadora puede producir agua, pero no reemplaza un sistema de acueducto moderno.

Ese es uno de los puntos que debe estar en el centro de la discusión.

El debate por Pozos Colorados

El expresidente Gustavo Petro cuestionó la ubicación prevista en Pozos Colorados, argumentando que la infraestructura debería acercarse a las zonas del norte de Santa Marta donde existe una mayor necesidad de abastecimiento.

Desde ESSMAR, su gerente, David Millán, respondió que esa interpretación no necesariamente corresponde al funcionamiento de un sistema de acueducto. Según explicó, el lugar donde se produce el agua no determina por sí solo quién la recibe, pues posteriormente es incorporada a la red de distribución.

La empresa también ha defendido Pozos Colorados por razones técnicas, ambientales y económicas. Allí se encuentra el predio La Esperanza, de propiedad de la Nación, y, según ESSMAR, existen condiciones más favorables para desarrollar la infraestructura.

También ha señalado dificultades que tendría una alternativa en el norte, entre ellas la construcción de un inmisario submarino de mayor longitud y las condiciones del agua en una zona donde confluyen actividades portuarias, infraestructura de saneamiento y otros usos.

Por eso, la discusión no debería reducirse a norte contra sur.

La verdadera pregunta es cuánto cuesta producir cada litro de agua, cuánto cuesta llevarlo hasta los usuarios, qué infraestructura adicional se necesita y cuál será el costo de operar el sistema durante las próximas décadas.

El costo que no siempre aparece en la fotografía

Este puede ser uno de los aspectos más importantes para entender el replanteamiento anunciado por el Gobierno.

La desalación mediante ósmosis inversa —una de las tecnologías más utilizadas en el mundo— requiere un consumo energético considerable. A eso se suman los costos de operación, mantenimiento, reposición de equipos y manejo de la salmuera.

En consecuencia, una evaluación seria no puede quedarse únicamente en cuánto cuesta construir la planta.

Hay que preguntarse cuánto costará producir y transportar el agua durante 20, 30 o 40 años.

Y hay otra variable: la energía.

Santa Marta necesita una solución que sea sostenible no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también financiero. Una infraestructura que funcione mientras existan recursos suficientes para pagar su operación y mantenimiento.

El agua no puede convertirse en una solución fragmentada

Santa Marta tiene además un problema estructural: su crecimiento urbano y turístico ha aumentado la presión sobre un sistema de abastecimiento que históricamente ha tenido limitaciones.

Por eso, una nueva fuente de agua debería estar acompañada por reducción de pérdidas, ampliación y renovación de redes, almacenamiento, conducción, control de consumos y fortalecimiento de la infraestructura existente.

No basta con producir más agua si una parte importante del sistema continúa teniendo dificultades para conducirla y distribuirla.

Este es quizás el punto que debería marcar el nuevo capítulo de la discusión.

¿Qué significa entonces que “ya no van”?

El presidente De la Espriella afirmó que las desalinizadoras, tal como estaban concebidas, “ya no van” y que su Gobierno buscará otra alternativa para solucionar el problema de abastecimiento de Santa Marta.

La declaración no significa, por sí sola, que la desalación sea técnicamente imposible. Significa que el Gobierno considera necesario replantear el proyecto existente.

Y esa diferencia es importante.

Santa Marta necesita conocer ahora cuál será la alternativa, cuánto costará, de dónde saldrán los recursos, cuánto tiempo tomará ejecutarla y, sobre todo, cuándo comenzará a producir agua.

Porque el problema no admite más años de estudios sin una solución concreta.

Santa Marta necesita agua, no otra promesa

Durante años, el agua ha aparecido en los discursos políticos, en los planes maestros, en los CONPES y en los proyectos de infraestructura. Mientras tanto, miles de samarios siguen enfrentando dificultades para acceder de manera continua al servicio.

La ciudad merece que esta discusión abandone la confrontación política y entre definitivamente en el terreno de las soluciones.

Desalinizadora, nueva fuente hídrica, ampliación del sistema existente o una combinación de alternativas: lo importante es que la decisión esté sustentada en estudios técnicos, ambientales y financieros, y que tenga como prioridad garantizar agua potable de manera permanente a los samarios.

Santa Marta no necesita escoger entre una administración y otra.

Necesita que, esta vez, el agua deje de ser una promesa y se convierta en una realidad.

Ese es el verdadero desafío que tiene por delante el Gobierno Nacional.